“El gobierno de la Republica Popular de China actuó fuera de su autoridad constitucional, violó los derechos básicos de los ciudadanos y sobrepasó sus propios límites en su guerra contra Falun Gong y sus practicantes”
— Edelman y Richardson [1]
Violación de las Leyes de China
Cuando Jiang Zemin quiso tomar medidas contra Falun Gong, no le importó que las disposiciones pertinentes no existieran o que las medidas que pedía fueran inconstitucionales. Lanzó la campaña de persecución y más tarde creó las "leyes" para apoyar sus acciones. La campaña contra Falun Gong es un recordatorio continuo de la capacidad del Partido Comunista Chino (PCCh) para anular la constitución.
Además de la muy mencionada adición reciente de una disposición que establece que "el Estado respeta y defiende los derechos humanos" (artículo 33), la Constitución de la República Popular China contiene otras 16 disposiciones en las que se esbozan derechos y libertades específicos. Entre ellos figuran el derecho a la libertad de religión (Artículo 36), el derecho a la libertad de expresión (Artículo 35) y el derecho a la educación (Artículo 46). También hay artículos que prohíben la detención ilegal (Artículo 37) y la violencia contra las mujeres, los niños y los ancianos (Artículo 49).
En la persecución de Falun Gong, cada uno de los artículos anteriores ha sido violado. Las violaciones tampoco se han limitado a la constitución.
En 2005, el abogado chino de derechos humanos Gao Zhisheng escribió tres cartas abiertas a los dirigentes chinos, en las que exponía cómo las autoridades habían torturado sistemáticamente a los practicantes de Falun Gong. Mientras que otros prefirieron hacer caso omiso de esta violación manifiesta de los derechos humanos, Gao se aventuró por toda China para entrevistar a los practicantes de Falun Dafa y defender sus derechos. Sus conclusiones fueron evidentes, el PCCh en su tratamiento de Falun Gong, ha ignorado las disposiciones del código penal chino, así como los principios generales del derecho, como la prohibición de aplicar las leyes retroactivamente.
En ese mismo sentido la organizacion de derechos humanos Human Rights Watch señaló igualmente lo que denominó un "barniz de estado de derecho", destacando que la legislación citada por los funcionarios chinos como base jurídica de la prohibición se aprobó de hecho en octubre de 1999, tres meses después de iniciarse la persecución.
Violación de los tratados internacionales
Para quienes estén familiarizados con el historial de derechos humanos de China, puede resultar sorprendente que en los últimos decenios el PCCh haya firmado o ratificado la gran mayoría de los principales tratados internacionales de derechos humanos. De hecho, el régimen cita con orgullo en el sitio web de su misión permanente ante las Naciones Unidas en Ginebra, ser "miembro de 21 convenciones internacionales de derechos humanos" .
Frente a estas obligaciones legales, la campaña contra Falun Gong suscita preguntas muy serias. Entre los principales instrumentos que ha ratificado el PCCh se encuentran la Convención sobre el Genocidio de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, la Convención contra la Tortura de 1984 y la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. Sin embargo, desde 1999 el régimen ha violado sistemáticamente una amplia gama de disposiciones internacionales en sus esfuerzos por eliminar a Falun Gong. Esto incluye la violación de derechos que vienen inmediatamente a la mente como el derecho a vivir, la libertad de religión, la libertad de expresión y el derecho a no ser torturado.
Una lista completa de los tratados internacionales a los que el PCCh se ha adherido y las formas en que estos han sido ignorados y burlados en la persecución a Falun Gong esta disponoble -en ingles- aqui.
Complicidad del sistema judicial de China
El poder judicial chino no es independiente, sino que está sujeto al control de la dirección del PCCh. Todos los jueces son miembros del Partido y son nombrados y removidos por el Partido. La seguridad del trabajo de los jueces, por lo tanto, a menudo depende de su cumplimiento de las instrucciones del Partido, sobre todo cuando se trata de casos sensibles. Es por estas razones que una vez que el líder del PCCh Jiang Zemin lanzo la persecución contra Falun Gong, el sistema judicial chino surgió no como un baluarte contra la injusticia, sino como una herramienta de represión (ver el informe -en ingles-de la Comisión Internacional de Juristas).
En octubre de 1999, tres meses después de que se iniciara la campaña de persecución declarada publicamente, el Tribunal Supremo Popular comenzó a emitir directivas a los tribunales inferiores con instrucciones sobre cómo deben colaborar en la campaña contra Falun Gong. Al mes siguiente, el Tribunal Supremo del Pueblo ordenó a los jueces que cumplieran su función "imponiendo decididamente un castigo severo". Una semana después, el primer "juicio" a los practicantes de Falun Gong tuvo lugar en la provincia de Hainan. Al final de una audiencia que duró menos de un día, los cuatro practicantes fueron condenados a penas de hasta 12 años de prisión bajo la vaga acusación de "utilizar una organización herética para socavar la aplicación de la ley". Desde entonces, miles han sido encarcelados con penas de hasta 18 años (para un cuadro de cargos y sentencias, se puede ver el informe de Amnistía Internacional, en inglés).
Sin embargo, la gran mayoría de los seguidores de Falun Gong que han sido encarcelados, ni siquiera han comparecido ante un juez. En cambio, fueron sentenciados a hasta tres años de detención administrativa en campos de “reeducación por el trabajo”.
“la verdadera estructura de poder en China no se encuentra en ninguna parte de la constitución. El poder real está en manos del Partido Comunista” — Daniel Chow, experto chino en leyes [2]
References:
[1] B Edelman and JT Richardson, Falun Gong and the Law: Development of Legal Social Control in China, Nova Religio, Vol. 6, No. 2, April 2003, pp. 312-331, 312.
[2] D Chow, The Legal System of the People’s Republic of China (St. Paul, 2003), p114.
