Desde 1999, cientos de miles -si no millones- de practicantes de Falun Gong han sido encarcelados arbitrariamente y encerrados en campos de trabajo sin procedimiento legal, lo que los convierte en uno de los grupos de prisioneros políticos más grandes del mundo. En muchos centros de detención chinos, los practicantes de Falun Gong constituyen la gran mayoría. Todos los ciudadanos de China pueden ser deportados a un campo de prisioneros con una simple firma de la policía, es decir, sin ningún tipo de juicio ni capacidad para defenderse. Esta llamada detención administrativa es una prisión con trabajos forzados, y puede durar hasta cuatro años.

Para demostrar al resto del mundo su lealtad a la ley, la nueva generación de dirigentes chinos anunció a finales de 2013 la reforma del sistema de campos de trabajo, e incluso su completa abolición. Pero tras esta noticia, no llegó nada más que un flujo ininterrumpido de informes de detenciones arbitrarias y torturas. Las sentencias a trabajos forzados parecen haberse reducido, sin embargo el número de practicantes de Falun Gong condenados a hasta diez años de prisión en juicios espectáculo ha aumentado dramáticamente.